TRANSPARENCIA EN COAHUILA

La historia de la corrupción va de la mano de la historia de la humanidad, tan vieja como el hombre y sin fecha de nacimiento exacta, esta desgraciada “enfermedad” se entremezcla en el actuar cotidiano de la ciudadanía. Muchos son los que se corrompen y muchos más los corruptibles, pero tan peca el corrupto, como él que lo corrompe. Con la finalidad de menguar el impacto de la corrupción, la sociedad ha exigido la existencia de órganos que sobrepasen el poder de sus gobernantes. Ante esta exigencia se han creado organismos presuntamente ciudadanos y autónomos, para que fiscalicen y evalúen el actuar de los gobernantes.

En Coahuila existen cuatro entes políticos, que tienen la función de evaluar el actuar de los gobernantes y permitir el acceso a la información gubernamental. Estos son: La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, Congreso del Estado, Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) y La Secretaría de la Función Pública o Contraloría.

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila y El Congreso, se han convertido en simples organismos que parecieran ser parte del organigrama estatal, y donde su función es avisar a los municipios, secretarías de Estado así como al gobierno, la necesidad de que disfracen, maquillen y cubran las anomalías que existen en sus administraciones. En lo personal conozco muy pocos dictámenes o posicionamientos DEFINITORIOS, por parte de estos dos entes de Gobierno, en contra de los actos de corrupción de infinidad de actores políticos coahuilenses.

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, ICAI, literalmente se ha convertido en un elefante blanco de la administración pública. Sus consejeros vilmente se han regocijado de sus grandes sueldos y han dejado en segundo plano la necesidad de fortalecer la cultura de la transparencia así como de la legalidad.

Es inevitable suponer que el ICAI funja como un simple organismo de gobierno, dado que al revisar la currícula de sus consejeros, sólo José Manuel Jiménez no ha trabajado con anterioridad en el Gobierno de Coahuila, municipio de Saltillo o en el Congreso del Estado. Sería impensable que una persona que le debe su actual posición laboral a los órganos gubernamentales antes mencionados, ahora se convierta en un inquisidor de las faltas cometidos por su jefes anteriores.

El artículo 34 de la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, fracción VIII menciona dentro de los requisitos para ser consejero “No tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su designación”. ¿Cumplirán los consejeros con esto? Sólo basta con revisar su currícula.

Finalmente tenemos a la Secretaría de la Función Pública hoy Contraloría. Desde su creación esta no ha podido cumplir con su tarea de transparentar las cuentas de las distintas instancias de Gobierno, siendo lo más criticado, que en diferentes temas se han comprobado actos de corrupción y no se ha castigado a los culpables.

El hoy Gobernador, Rubén Moreira, prometió en su campaña que generaría las acciones y políticas necesarias para trasparentar totalmente el uso de los recursos estatales. El inicio de las acciones en este rubro, le da el beneficio de la duda al Gobernador, el nombramiento de Jorge Verástegui como contralor del Estado da puntos de confianza a la transparencia gubernamental. Verástegui, es una persona proveniente de la IP coahuilense, comprometido con la honestidad, trasparencia y recio contrincante de la corrupción, así como de los gastos desmedidos.

Esperemos que la promesa de transparencia del Gobernador se siga proyectando en realidades. Y que los miembros de los diferentes organismos o entes gubernamentales garantes de la transparencia en Coahuila, se ponga la camisa de la sociedad y se olviden de los compromisos personales, sobreponiendo el interés general sobre el particular.

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